jueves, 3 de diciembre de 2015

Una “prueba de fuego” para un canciller novato

El Plan Nacional de Regularización

Una “prueba de fuego” para un canciller novato

SANTO DOMINGO.- Con el decreto 327-13, que otorgaba un plazo de 18 meses para que los extranjeros ilegales regularizaran su status en el país, y con la Ley 169-14 sobre Naturalización, el presidente Danilo Medina hizo frente al conflicto que trajo consigo la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, referente a la nacionalidad.
El plazo para la regularización venció en agosto pasado, pese a las demandas de prórroga y a las voces de los adversos al proceso.
Los cuestionamientos, nacionales e internacionales, obligaron al Gobierno a elaborar una ofensiva de defensa que puso a prueba las capacidades del cuerpo diplomático, en especial, las del canciller, el arquitecto Andrés Navarro, designado en el puesto en septiembre del 2014, y quien saltó a la diplomacia desde el sector de la construcción, donde se había desempeñado hasta entonces.
El cuerpo diplomático nacional debió demostrar su funcionabilidad para defender al país ante aquellos que calificaron su política migratoria de discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.
Entre los que se pronunciaron en contra estuvo la Comunidad del Caribe, que en junio pasado llamó al Gobierno a no deportar a “dominicanos” de ascendencia haitiana; el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y organismos como Amnistía Internacional, Human Rights, que rindieron informes señalando supuestos casos de apatridia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de arbitro entre Haití y República Dominicana cuando el vecino país llevó su queja a ese organismo.
La OEA envió una misión para indagar sobre el plan, y rindió un informe en que, sin acusar ni defender a nadie, pedía buscar una salida a la crisis suscitada, pero ya su secretario general, Luis Almagro, había sido blanco de cuestionamientos oficiales y ciudadanos por unas declaraciones que, alegó, fueron mal interpretadas.
La defensa
El propio presidente Medina inspiró a sus diplomáticos cuando defendió el derecho del país a aplicar sus leyes migratorias durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Guatemala, y en una reunión de las Naciones Unidas, en Panamá. Navarro hizo igual ante la OEA y en el país, donde tuvo que pronunciarse frente Haití y defender el apego a los derechos humanos del Plan. Iguales explicaciones dieron algunas representaciones diplomáticas dominicanas en los países asignados.
El Congreso Nacional designó una comisión para salir por los países con la misma posición, aunque todavía no se conoce ninguna visita realizada. Según lo publica el Diario libre en su portal.
Una “prueba de fuego” para un canciller novatoAtaque a la dominicanidad
El 25 de febrero, justo en el mes en que el país se conmemora la Independencia Nacional, un grupo de manifestantes haitianos asaltaron el consulado dominicano en Haití, e incendiaron la bandera nacional, en protesta por la supuesta xenofobia en contra de sus conciudadanos.
El acto agrió al máximo las relaciones entre los dos países que venían deteriorándose desde hacía un tiempo. El gobierno dominicano llamó a consulta a su embajador, alegando que no se garantizaba la seguridad en el vecino país. El embajador retornó poco después, y volvió a ser llamado en septiembre, luego que Haití decidiera imponer una veda a varios productos dominicanos, supuestamente por razones de control aduanero, pero que, para muchos dominicanos, constituyó una forma de presión para que se extendiera el plazo de la regularización.
Se venció el plazo
El primero de agosto culminaron todos los plazos para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que cerró con un total de 288,466 extranjeros inscritos. Las filas de los interesados fueron interminables durante los últimos tres meses del plan, y de ellas surgieron todo tipo de quejas, especialmente de haitianos que alegaban que se atendía a otras nacionalidades primero que a ellos, aunque fueran últimos en la cola.
También se creó el escenario para que algunos “avivatos” hicieran su agosto armando paquetes de aquellos documentos que se les pedía a los extranjeros, a los que cobraran sumas aproximadas de RD$10,000 por entregarle unos papeles que, en algunos casos, eran falsos.
La mayor de las quejas fue, sin embargo, contra el Gobierno haitiano porque no les proporcionó a tiempo los documentos que sus nacionales le solicitaron para poder acogerse al plan, matizando el descontento, el hecho de tener que pagar allá por dichos papeles, cuando en el país el proceso fue gratuito.
Los naturalizados
Ante las quejas constantes de grupos pro haitianos y defensores de los “dominicanos de ascendencia haitiana” de que con la sentencia del TC-168-13 se dejaba apátridas a unas 200 mil personas, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, mantuvo la negativa constante a esa imputación que atribuyó a intereses geopolíticos y económicos.
En junio de este año, la JCE publicó un listado con unas 55 mil personas que podían pasar por la entidad a retirar sus actas de nacimiento, en virtud de lo que estable la ley 169-14, que restituye la nacionalidad a los hijos de extranjeros irregulares que fueron inscritos en el registro civil dominicano, nacidos entre los años 1929 al 2007 y que habían sido afectados por la sentencia del TC.
En febrero culminó el plazo para acogerse al Régimen Especial de Naturalización y, según las informaciones oficiales, 8,755 se acogieron a la Ley.
Retorno voluntario
Una vez terminaron los plazos para acogerse a la regularización, muchos haitianos ilegales en el territorio nacional decidieron retornar de manera voluntaria a su país, algunos por temor a que sus derechos fueran vulnerados durante las deportaciones que seguirían. Según las cifras oficiales, alrededor del 37 mil haitianos se acogieron al Programa de Retorno Voluntario que creó el Gobierno para darle facilidades de traslado gratuito y sin penalidades a quienes optaran por irse.
Inician las deportaciones
Concluidos todos los plazos para la regularización y con la postura firme de que ya no se daría más prórrogas, el Gobierno dominicano inició las deportaciones de extranjeros ilegales. En los primeros dos meses, la Dirección General de Migración anunció la deportación de unos 300 haitianos ilegales, pero el total a la fecha no ha sido revelado
Una “prueba de fuego” para un canciller novato
CRONOLOGÍA
23 de septiembre 2013
Se dictó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
29 noviembre 2013
El presidente Danilo Medina emitió el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
23 de mayo 2014
Se aprobó la Ley 169-14 que establece el Régimen Especial de Naturalización para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano.
1 de junio del 2014
Inició el Plan Nacional de Regularización.
Octubre del 2014
Concluyó el primer plazo para acogerse al proceso especial de naturalización.
1 de febrero del 2015
Venció la prórroga de 90 días para la Naturalización.
17 de junio del 2015
Concluyó el tiempo para inscribirse en el Plan Nacional de Extranjeros.
1 de agosto del 2015
Culminó el plazo de 45 días que tuvo el Gobierno para responder a las solicitudes de regularización.

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