jueves, 7 de julio de 2016

Procurador cita dificultades encara el arresto domiciliario

JUSTICIA

LA ACCIÓN CAUTELAR HA SIDO OBJETO DE CRÍTICAS POR LA SOCIEDAD CIVIL

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SANTO DOMINGO.-La medida de coerción consistente en arresto domiciliario que se ha dictado en los últimos años a favor de fiscales, jueces, alcaldes, empresarios, políticos, banqueros, acusados de lavado de activo y narcotráfico, tiene un serio obstáculo por delante: La asignación de la custodia al  imputado.

Esta medida cautelar ha sido objeto de muchas críticas por parte de la sociedad civil y otros sectores de la vida nacional, algunas referentes a la dificultad misma de garantizar su fiel cumplimiento.
Para el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, el problema de esta disposición tiene es que en cada caso hay que asignarle al imputado un oficial de la Policía Judicial particular, que debe custodiar la casa del procesado a los fines de someterlo a una vigilancia permanente.
Esto busca evitar que el imputado viole el cumplimiento de la disposición establecida. Sin embargo, ese oficial, en algunos casos por sus necesidades económicas, termina siendo cómplice del primero.
En su artículo 226, el Código Procesal Penal establece siete medidas de coerción, siendo la más extrema la prisión preventiva. El resto es la garantía económica, arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica, vigilancia de la policía y el localizador.
Otro aspecto que es sometido a la crítica de la sociedad civil es referente a la desigualdad en su aplicación, ya que mientras unos viven en grandes mansiones,   otros imputados están carentes de todos esas comodidades, razón por que generalmente los pobres cumplen una prisión preventiva en los establecimientos penitenciarios.
Otro cuestionamiento a la aplicación del arresto domiciliario es que no han sido una ni dos las veces que personas que estaban destinados a guardar prisión en su morada y son encontrados en centros de diversión, tales como discotecas y clubes, mientras que otros vuelven delinquir.
Tal es el caso reciente de Priscila Díaz Infante, condenada a 30 años de prisión por el asesinato de un hombre por encargo del fallecido narcotraficante Rolando Florián Feliz, quien guardaba prisión domiciliaria y ahora volvió a ser detenida el pasado fin de semana por un alijo 110 plantas de marihuana en Jarabacoa.
Hasta ahora no hay vigilancia efectiva para muchas personas con medidas de prisión domiciliaria, como es el caso de la jueza Awilda Reyes Beltré, el renunciante juez Francisco Arias Valera y el exfiscal Isidro Vásquez.

MÁS CASOS DE ARRESTOS DOMICILIARIOS



Otros casos corresponden a Carmen Altagracia Rufino y Carlos Raúl Jaime Boza, con la particularidad de que a estos se les colocó un brazalete electrónico. A estos se le acusa de un cargamento de 748 kilos de cocaína y 964,335 dólares en efectivo, incautado mediante un operativo en el sector Los Cacicazgos, de la capital. Otro imputado a quien se le dictó tres meses de arresto domiciliario es el abogado Renzo Hilario, acusado de falsificar una orden de libertad para favorecer a Nelson Cabral Veras, implicado en un fraude en el Banco Peravia.

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