Por Loida Sánchez
SANTIAGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), ingeniero Temístocles Montás, afirmó aquí que si bien República Dominicana es un país abundante en agua dulce, factores que van desde el desperdicio, deficiencia en el cobro, dispersión institucional y la falta de políticas públicas son riesgos que habrá que afrontar para no sufrir una crisis grave en los próximos años.
Al pronunciar su conferencia magistral “El Agua y el Desarrollo de República Dominicana”, durante la apertura del Primer Congreso Internacional en Gestión Integral del Agua (CIGIA 2015) que sesiona en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Montás dijo que un ejemplo esperanzador lo constituye el acueducto de Santiago, que al cumplir su primer centenario es el que tiene la mejor cobranza del país y una gran cobertura de sus redes.
El Congreso se desarrolla con motivo del centenario del acueducto de Santiago y de los 38 años de fundación de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) con la participación de 12 países.
En la actividad, que concluirá el sábado 25, participan delegaciones de Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Argentina, España, Portugal y Chile, informó la Unidad de Comunicaciones del MEPyD.
Las palabras de apertura fueron pronunciadas por el ingeniero Silvio Durán, director de CORAASAN, quien dijo que el congreso creará el espacio propicio para reflexionar y discutir los alcances y limitaciones del sector agua potable y saneamiento en todas sus vertientes.
“La gobernanza del recurso agua se ha caracterizado por la falta de integración vertical y horizontal entre distintos ministerios de gobierno, entidades con funciones específicas y sectores usuarios”, expuso el Ministro, quien explicó que varias leyes han asignado capacidades de manejo y uso de los recursos hídricos a distintas instituciones, “generalmente acopladas a facultades constructoras de obras o de prestación de servicios, por lo que, en general, prima una visión sectorial y cortoplacista sobre una perspectiva integradora”.
Consideró que si bien los arreglos institucionales son un gran desafío, un gran problema y una oportunidad, “todos los aquí presentes sabemos que la aprobación de la Ley General de Agua y la Ley de Agua Potable y Saneamiento debe constituirse en un imperativo”, agregó.
Lamentó que los proyectos para aprobar ambas leyes tengan alrededor de dos décadas “dando brincos en el Congreso y no hemos logrado consenso entre los actores reguladores, gestores y usuarios; y el problema no puede esperar más”.
Montás saludó los esfuerzos que se hacen desde el Senado, el Ministerio de Medio Ambiente, el INDRHI, EGEHID, INAPA y las Corporaciones de Acueductos como actores claves, para contribuir a la creación del consenso sectorial y social que de impulso a la aprobación de esas leyes y asegurar la institucionalidad necesaria para encarar la problemática que caracteriza hoy al sector.
Manifestó que la agenda de trabajo para la institucionalidad del sector agua tiene que incluir la elaboración de los planes sectoriales y sus planes estratégicos institucionales.
Situación actual del agua
Montás admitió que República Dominicana puede considerarse globalmente un país con recursos hídricos abundantes, aunque hay muchas diferencias entre regiones y épocas del año, porque la disponibilidad total de agua en el país es de 25,000 millones de metros cúbicos por año, para una disponibilidad per cápita de 2,487.7 metros cúbicos por habitante al año.
Recordó que en 1950 la cantidad de hogares que tenía acceso a agua potable en el interior, en el patio de la casa o de una llave pública o de un vecino, “apenas alcanzaba al 29.7%, y de ellos, solo el 16% tenía agua dentro de la casa”.
Montás citó que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 reveló que el 84% de la población tenía acceso a algunas de estas fuentes de agua y la ENHOGAR estimó este porcentaje en 89% para 2013.
“Algo similar ha sucedido con el acceso a servicio sanitario. En 1970 el 60.4% de los hogares utilizaba letrinas, llegando a alcanzar el 73% en el caso de Santiago. En 2010, la presencia de las letrinas era significativamente menor, ubicándose alrededor de 15% de los hogares”, apuntó el Ministro.
Informó que en 2013, si bien el 89.7% de los hogares tenían acceso a agua potable, “solo un 57.1% disponía de tubería en el interior de la vivienda, 77% de los hogares tenían que comprar agua embotellada para beber y solo 19% disponía de servicio diario de recogida de basura”.
En lo que consideró como un ejemplo esperanzador, Montás dijo que en Santiago el porcentaje de hogares con necesidades de agua insatisfechas ascendió a 15.6% en 2010, el segundo menor a nivel nacional después de Dajabón, y en términos de cobertura, el 75% de los hogares tienen acceso agua potable dentro de la vivienda, seguido de lejos por el Distrito Nacional con 63.4%.
“Pero el gran ejemplo de Santiago está en las cobranzas: Mientras CORAASAN logra cobrar más del 85% del agua servida, en los demás acueductos se ubica entre 10% y 33%”, destacó Montás.
Otros usos y desperdicios del agua
El Ministro dijo que en lo relativo al uso de agua para riego, en 1941 la superficie agrícola regada ascendía a 32,000 hectáreas, pero al día hoy se cuenta con 278,965 hectáreas, lo cual asciende a prácticamente la mitad del potencial de superficie a ser regada.
Expresó que según los datos del Censo de 2010, el 31% de las comunidades estaba expuesta a contaminación de aguas estancadas, el 37.3% sentía los efectos de la acumulación de basura y 27.6% tenía hogares localizados alrededor de cañadas con basura o agua contaminada.
“Es preocupante que el 55% del agua potable se desperdicia. Por igual, el agua para riego se desperdicia en un 68.3%%, con sólo un 31.7% de eficiencia”, señaló.
Montás expresó que pese al incremento de la cobertura boscosa hasta un 39.7% del territorio, “las áreas críticas de las cuencas altas prioritarias continúan con niveles altos de degradación, lo cual afecta el mantenimiento de los cauces y el ciclo hidrológico, y, en consecuencia, la disponibilidad del recurso agua y su calidad, por los problemas asociados de degradación de los suelos y la erosión”, agregó.
Apuntó que más allá de las limitaciones de la cobertura y distribución se agrega la baja calidad de los servicios y de la infraestructura entre los que citó que la potabilización promedio del agua en las redes del país no alcanza el nivel establecido por la guía de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la cobertura de alcantarillado y saneamiento en los centros urbanos, ronda el 21% por ciento, lo que consideró “crítico por las consecuencias que tiene en la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos”.
“Los recursos hídricos y su gestión afectan a prácticamente todos los aspectos de la sociedad y la economía, en particular la salud, la producción, la seguridad alimentaria, el abastecimiento doméstico, el saneamiento, la energía y la industria y, por supuesto, el funcionamiento de los ecosistemas”, puntualizó Montás.
La nota de prensa emitida a este periódico digital también informa sobre la incidencia de un problema adicional, relativo al bajo pago de la tarifa por los diferentes usos del agua, en el que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) apenas tiene una cobranza del 33%, INAPA cobra sólo un 10% y el resto de las Corporaciones de Acueductos, las CORA, promedian una cobranza del 20%. La excepción es la CORASAAN que tiene una cobranza del 86%.
El Congreso
En la mesa principal también ocuparon asientos el reverendo padre, Alfredo de la Cruz Baldera, rector de la PUCMM, quien la presidió; José Alarcón Mella, viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente; Simón Tomás Fernández, presidente del Consejo de Directores de CORAASAN; Luis Roa, director de Salud Ambiental; el alcalde de Santiago, Gilberto Serulle; José Espinosa, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y Reinaldo Peguero, director ejecutivo del Plan Estratégico de Santiago.
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