Alburquerque dice a autoridades haitianas que política migratoria de República Dominicana es exclusiva del gobierno dominicana

Defiende Plan Regularización

 SANTO DOMINGO.-El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, declaró que Haití tiene que retractarse de las declaraciones imprudentes que hicieron el primer ministro y el canciller haitiano quienes calificaron como discriminatorio el proceso de regularización de extranjeros en República Dominicana.

Rafael Alburquerque, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que tanto el primer ministro de Haití Evan Paul como el canciller Lener Renauld deben aceptar claramente que la política migratoria es una política exclusiva del gobierno dominicano.

“Los dominicanos tenemos que unificarnos frente a esta política que ejecutaran las autoridades haitianas, tratando de desacreditarnos a nivel internacional”, expresó Alburquerque entrevistado en el programa A Diario y  reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Manifestó que la comunidad internacional tiene que entender que la República Dominicana es un país pobre y que por eso, no puede cargar con los problemas de otro país más pobre.

El laboralista explicó que en la República Dominicana los trabajadores haitianos, sean legales o ilegales, tienen el mismo derecho que un trabajador dominicano.

“Eso lo hemos explicado a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, donde están los 184 países de las Naciones Unidas, y sin embargo, eso no se reconoce, señaló.

Recordó que existe un protocolo que  se firmó en 1999 que establece cómo llevar a cabo las repatriaciones, tomando en cuenta siempre el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes.

Alburquerque calificó como correcto el Plan de Regularización de Extranjeros  que está llevando a cabo el gobierno, así como la ofensiva que ha desplegado la Cancillería de la República para explicar este proceso a nivel nacional e internacional.

Exhortó a todos los dominicanos a respaldar el Plan  y defender el derecho que tiene el gobierno a ejecutar su política de migración en todo el territorio nacional.