CD APRUEBA LEY REGULA FUERZA PUBLICA EJECUCIÓN SENTENCIAS

Jueces serán encargados otorgar fuerza pública

Plazo del TC al Congreso vence el 2 de agosto

 Por loida Sánchez

SANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados aprobó hoy de urgencia en dos lecturas el proyecto de ley presentado por el diputado Vinicio Castillo Seman y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), que regula el otorgamiento de la fuerza pública a los alguaciles para la ejecución de sentencias, embargos y otros actos ejecutorios.  La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados rindió un informe favorable logrando un gran consenso y apoyo en la bancada de todos los partidos representados en el Congreso.

El Tribunal Constitucional en sentencia del 4 de julio del año 2013 había declarado inconstitucional la normativa dictada por el Ministerio Público para el otorgamiento de la fuerza pública y otorgado al Congreso Nacional un plazo de dos años a partir de la notificación de dicho fallo, plazo que vence el próximo día 2 de agosto.

la nota de prensa emitida a este periódico digital informa que el proyecto de ley aprobado le da la competencia del otorgamiento de fuerza pública a los jueces presidentes de cámaras civiles y ordena la participación de los jueces de paz en los actos de ejecución de sentencias definitivas, embargos actos ejecutorios que conlleven la fuerza pública.

Los jueces competentes tendrán un plazo de quince días hábiles para otorgar la fuerza pública, previa solicitud formal hechas por el alguacil actuante y la parte persiguiente con todos los requisitos exigidos para la ejecución de títulos ejecutorios.

El proyecto de ley será enviado en las próximas horas al Senado de la República. El diputado proponente Vinicio Castillo Semán explicó que existe una gran urgencia que amerita que la cámara alta conozca el proyecto antes de finalizar la presente legislatura, ya que de llegar al plazo del 2 de agosto sin que exista una ley aprobada y vigente, la ausencia de normativa legal sobre el otorgamiento de fuerza pública pudiera causar graves daños a la paz social del país y a la vida jurídica en la ejecución de sentencias y títulos ejecutorios.