Procuradora Anticorrupción destaca acciones en lucha contra corrupción

Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, informó que enfocan sus acciones en dos proyectos de ley sobre protección de denunciantes de actos de corrupción y de extinción de dominios o decomiso civil de bienes ilícitos.

Explicó que esos proyectos permitirán la defensa legal de testigos y peritos de actos de corrupción,  y el otro facilitará la incautación o confiscación de bienes de una manera ágil, autónoma, distinta e independiente de cualquier otra acción penal, civil o administrativa, para aquellas personas que no puedan probar el origen de su fortuna.

Guerrero Pelletier habló del tema al participar como oradora invitada al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), que se desarrolló en un hotel de esta ciudad con la presencia del embajador de los Estados Unidos, James W. Brewster, y Gustavo Taveras, presidente de la entidad anfitriona.

Igualmente, dijo que esa entidad tiene 20 procesos judicializados pendientes de decisión en los tribunales y otros 40 casos en investigación, y que han dado prioridad a la continuidad en la implementación de las convenciones internacionales contra la corrupción.

La directora de la PEPCA enumeró dentro de los casos pendientes de decisión en los tribunales, el del Ayuntamiento de La Romana, donde por primera vez se obtiene arresto de un síndico activo y posteriormente su suspensión, ya que actualmente está en prisión; Junta Distrital de Cabarete, Puerto Plata, con la suspensión del síndico activo con medida de coerción de una garantía económica de cinco millones de pesos. 

También, el de Bienes Nacionales con funcionarios de alto rango compelidos a renunciar del cargo, proceso llevado hasta última instancia al Tribunal Constitucional; el del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el síndico activo que obtuvo medida de coerción consistente en garantía económica de RD$5 millones, que fue recurrido por la PEPCA.

Los casos del Ayuntamiento de San Cristóbal con una solicitud de prisión preventiva, el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el de la Liga Municipal Dominicana, que involucran a altos funcionarios.

Agregó que la PEPCA realiza acciones para fortalecer la coordinación interstitucional de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, superintendencias de Bancos y Seguros, Dirección General de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses  para canalizar la información en la detección, investigación y persecución de los hechos de corrupción en la administración pública.

“Además de  llevar al ánimo de los actores del sistema de justicia el que los delitos de corrupción no están derogados del Código Penal, y hacer esfuerzos extraordinarios que se apliquen en los casos sometidos, los cuales por desuso y tecnicismos jurídicos eran inaplicables”, enfatizó.

Agregó que la PEPCA está comprometida con el sostenimiento ante los grados jurisdiccionales de los procesos investigados y judicializados, además de dar respuesta inclusive a casos de corrupción que se encontraban estancados en el sistema de justicia en busca de sentencias condenatorias.

La titular de la PEPCA dijo que la corrupción constituye un problema complejo y controvertido que afecta todos los ámbitos de la sociedad, especialmente, la economía, por lo que, manifestó, el combate de ese flagelo es de prioridad.

“La lucha contra este flagelo social, político y económico, junto a temas como el buen gobierno, la promoción de la democracia, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos debe ser tema prioritario de nuestras respectivas agendas”, manifestó la funcionaria al pronunciar la conferencia “Eficacia de la lucha anticorrupción como instrumento para generar desarrollo económico”, en el marco del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

En ese sentido, dijo que buscan promover la colaboración y la cooperación de los más diversos sectores nacionales para propiciar una verdadera integración de esfuerzo de cara a la lucha contra la corrupción.