SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General informó que solicitará medidas de coerción contra siete militares que “aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, conformaron una red que ingresó al país de manera irregular 220 armas de fuego, en operaciones a las que daba apariencia lícita”.
Los imputados son el general de brigada paracaidista Bienvenido Cordero Batista, el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilez, el mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz, el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, el primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho y el primer teniente de la Policía Nacional José Miguel Torres Rodríguez, quienes desempeñaban funciones administrativas en el material bélico, algunos de ellos con más de veinte años en este departamento..
Además, el coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que vendía las armas traficadas, indica la Procuraduría en nota enviada a ALMOMENTO.NET.
El general Cordero Batista se desempeñaba como director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa, y era el “encargado de supervisar todos los procedimientos y supuestamente apadrinarlos con su firma”, agrega. .
Informa que el teniente coronel Félix Francisco Pérez Artliez, encargado del Depósito de las Armas del Material Bélico, “se ocupada de registrar todas las armas que entraban y salían de los depósitos destinados a estos fines”.
El mayor Marrero Ruiz “era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía” y tramitaba “las ventas de armas de fuego de las diferentes armerías, para la expedición de las licencias de porte y tenencia”, conforme a la Procuraduría.
Señala que Francisco Mercedes Medrano, capitán, era el encargado de archivo y confeccionar las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico en tanto que Edwin Rafael Almonte Camacho, primer teniente del Ejército, asistente del director General de la Intendencia del Material Bélico, “era quien supervisaba al personal de trabajo y emitía las licencias verificando antes la documentación de importación”.
Asimismo, el primer teniente José Miguel Torres Rodríguez fungía como encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico. “Concomitantemente redactaba tarjetas de entrada a las diferentes armas”, dice la Procuraduría.
Pedro Manuel Guzmán Escarramán, coronel, es el propietario de Armería Inversiones Heptágono, compañía que “se encargó de introducir al mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados”, agrega
Tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde 2012 “se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de 300 mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante Decreto número 309-06”.
Luego de varios allanamientos, el Ministerio Público descubrió que esos siete uniformados eran los supuestos responsables de ingresar armas de manera ilícita al país.
El Ministerio Público, que gestiona la prisión del grupo a través de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, le ha asignado a los hechos indicados la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano.
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