miércoles, 13 de abril de 2016

SOMETEN ANTE PROCURADURÍA A JUECES Y SECRETARIA POR FALSEDAD EN ESCRITURA PÚBLICA



Dos Jueces y la Secretaria General del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este, fueron sometidos por ante la Procuraduría General de la República, por Falsedad en Escritura Pública y Uso de Documentos  Falsos.

El sometimiento fue presentado en contra los jueces Lorenzo Salvador Zorrillo Núñez, y José María Vásquez Montero, y la Secretaria Brunilda Veras de Mota.

Los magistrados y la secretaria están acusados de violar los artículos 145, 146 y 148 del Código Penal, que tipifican los Crímenes de Falsedad y Uso de Documentos Públicos Falsos.

En la querella presentada por la familia Richiez Martínez, Richiez Serrano, y Richiez Herrera, a través de los abogados, Dres. Rosalinda Richiez Castro, Ricardo Ayanes Pérez, y J. Lora Castillo, y el Lic. Salvador Catrain, piden que la Procuraduría General de la República apodere a la Suprema Corte de Justicia, a fin de que designe un Juez de la Instrucción Especial para que instrumente el caso y conozca de la medida de coerción correspondiente.

En la querella de 21 páginas, firmada por los querellantes Valentín Richiez Martínez, Miguel Emilio Richiez Serrano, Francisco Antonio Richiez Herrera, y Carlos Manuel Richiez Martínez, piden que los jueces Zorrilla Núñez, y Vázquez Montero, y la secretaria Veras de Mota, sean condenados a 10 años de Reclusión Mayor, y al pago de una indemnización de 50 millones de pesos, con un interés de 2.5 por ciento mensual, a partir de la interposición de la querella, a modo de indemnización complementaria.

La querella fue presentada el pasado 28 de marzo a las 2:40 de la tarde, en la Secretaría General de la Procuraduría General de la República.

Precisan que el sometimiento a los Jueces y la Secretaria, tiene su origen en la Litis sobre Derechos Registrados interpuesta por el Central Romana Corporation, el 19 de febrero del 2009, contra la familia Richiez, y compartes,en relación con la Parcela No. 1, Porciones 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D, y 1-4-E, del Distrito Catastral No. 3, de Higuey, y en relación con la Parcela No. 1, Porción D, del mismo Distrito Catastral y Municipio.

La querella se fundamenta en que los Jueces y la Secretaria sometidos, haciendo las veces de mensajeros y paralegales de la contraparte, es decir, del Central Romana Corporation, han dictado, firmado y certificado la Decisión 2015-00055, denominada “Auto Especial”, defecha 22 de abril del 2015, la cual aseguran haber dictado en audiencia pública de esa misma fecha, lo que constituye una mentira y una falsedad burda y total, toda vez que no fue celebrada ninguna audiencia en fecha 22 de abril de 2015, por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, a los fines de dictar de manera contradictoria el citado “Auto Especial”.

De ese modo, asegura la indicada familia y los señalados abogados que el referido“Auto Especial”, constituye un Documento Público Falso, el cual asegura haber sido dictado en una audiencia pública que JAMÁS se celebró, y lo peor de toda esta situación es que la Familia Richiez nunca fue Oída ni Debidamente Citada, a los fines de poderse defender respecto de la postura asumida por el Tribunal en la señalada decisión, la cual está siendo utilizada para motorizar y agilizar el proceso de tierras de que se trata en pro de los intereses en justicia del Central Romana Corporation.

Finalmente, indican los querellantes y sus abogados, que todo esto es un reflejo de la profunda crisis que vive actualmente la justicia dominicana, y, muy específicamente, el deterioro en que el que está inmersa la Jurisdicción Inmobiliaria de nuestro país, por lo que piden encarecidamente al Presidente del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano Germán, tomar cartas en este asunto, a fin de evitar consecuencias mayores e irreparables al respecto.    

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