FJT pide a la JCE armonizar intereses de los partidos opositores

Justicia y Transparencia culpa a la clase política por diferencias en el actual proceso electoral y reclama aprobar Código Electoral

SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), culpó a la clase política de las diferencias de la oposición con la Junta Central Electoral (JCE), surgida en ocasión del sistema previsto para el conteo de votos de forma electrónica, y el reclamo de los partidos opositores para que se haga manualmente, como ha sido costumbre en el pasado.

A juicio del Presidente de la entidad de sociedad civil Trajano Potentini, es deplorable que luego de 15 años nuestros políticos no hayan podido ponerse de acuerdo para dotar al país de una legislación electoral integral, la cual bajo la modalidad de código, como ha sido la propuesta de la FJT, prevea de manera armónica y sistémica todo lo atinente a la materia electoral.

En tal sentido Potentini considera como inminente, luego de concluido el reciente proceso comicial el que sociedad y políticos se avocan a discutir y aprobar un Código Electoral, el cual recoja tolo lo relativo a la vida interna de los partidos y agrupaciones políticas, el tope del financiamiento y gastos de los partidos y candidatos, la limitación efectiva de la duración de la campaña, la obligatoriedad de tomar licencia de funciones públicas para los funcionarios candidatos a cualquier posición electiva o partidaria, el castigo ejemplar de las prácticas clientelares, el aspecto contencioso electoral y administrativo, entre otras consideraciones.

Asimismo la entidad cívica pidió a la Junta Central Electoral (JCE), armonizar los intereses de los partidos opositores de cara a sus reclamos en la actual coyuntura electoral, sobre todo propiciando un clima de mayor advenimiento y tranquilidad.

Finalmente Justicia y Transparencia lamentó que al de día hoy las afuera del órgano rector del manejo electoral en el país (JCE), sea escenario de protesta y desavenencias, lo cual indica y vaticina la ocurrencias de muchos conflictos generados por el desfasado y descontextualizado sistema electoral, el cual permite a los órganos electorales y sus funcionarios una discrecionalidad perturbadora a la hora de interpretar la ley electoral, todo ello por la falta de un marco jurídico actualizado.