Piden a Procurador y Fiscal DN investigar dirigente de transporte habría pagado US$1 millón a fiscal y dos coroneles por instrumentar “falso” expediente contra presidente Unatrafín

Por Tito Valenzuela

SANTO DOMINGO.- Un abogado penalista, que solicitará en  los próximos días encabezar la defensa del presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafín), Arsenio Quevedo, pidió al procurador Francisco Domínguez Brito y a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que realicen una minuciosa investigación en cuanto a “comentarios” que dan cuenta que un dirigente de transporte habría pagado un millón de dólares a un fiscal de la provincia Santo Domingo y a dos corones de la Policía (a finales del 2014) para que se instrumentara un “falso” expediente de sicariato y lavado de activos contra Quevedo.

El experto en materia penal de apellido Rojas aseguró que ofrecerá una rueda de prensa para solicitar a Quevedo que acepte su petición ya que tiene informes contundentes de que ese dirigente transportista se ha valido de la inmunidad de que goza para dañar la reputación de muchas personas decentes y por eso logró engañar a la fiscal Yeni Berenice Reynoso quien actuando a nombre del Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Quevedo quien cumple esta medida de coerción en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo-Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.

El doctor Rojas dijo que sus informe indican que el fiscal a que se refiere pertenece a la provincia Santo Domingo y de los dos coroneles de la Policía ya uno de ellos es general. “Si asumo la defensa de Quevedo solo esperaré que la persona que entregó el millón de dólares ya no tenga inmunidad parlamentaria para dar a conocer a la sociedad dominicana como se montó esa trama perversa contra el presidente de Unatrafín”, indicó.  

A su entender cuando el pueblo dominicano se entere de la verdad estarán en peligro las vidas de personas valiosas y la libertad de Quevedo porque las pruebas son contundentes y serán presentadas a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a la fiscal Berenice Reynoso y contarán además, con el apoyo de organizaciones sociales y de los derechos humanos nacionales e internacionales.

“La trama que incluyó, en ese momento, el asesinato de Quevedo,comenzó a ser estructurada después del 24 de noviembre del 2014 tras el anuncio de Unatrafín de que junto a otras entidades del transporte se aplicarían rebajas de 5, 10 y 20 pesos en la tarifa de las rutas urbana, suburbana e interurbana. “Eso provocó la ira de un sector del transporte que no le interesa enfrentar el desorden que aun existe y menos ser justos con los usuarios bajando el precio del pasaje cuando disminuyen los precios de los combustibles”, explicó.