TAMBIÉN DISPUSO IMPEDIMENTO DE SALIDA A DOS SENADORES Y UN DIPUTADO
SANTO DOMINGO.-El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justiciadictó ayer prisión preventiva y arresto domiciliario en contra de diez de los implicados en los sobornos de Odeberecht, mientras que impuso garantía económica e impedimento de salida a tres legisladores vinculados al escándalo.
El magistrado dictó un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón para ser cumplido en la cárcel de La Victoria, así como nueve meses de prisión para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
Asimismo, el tribunal impuso seis meses de prisión en contra del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
De igual forma, el juez dictó tres meses de prisión preventiva en contra del exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, y el exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez, para ser cumplidos en la cárcel de Najayo.
El juez además dictó prisión domiciliaria por nueve meses en contra de exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, y el exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral sexto.
El tribunal también impuso el pago de una garantía económica de 5 millones de pesos y el impedimento de salida del país a los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como a Alfredo Pacheco, vocero del bloque de diputado del PRM, ley que está establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal, numeral primero y segundo.
Asimismo, el juez declaró complejo el caso seguido a los imputados en el caso Odebrecht, tras acoger el pedimento presentado por la Procuraduría General de la República, alegando a multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
De igual forma, el tribunal otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que concluya el procedimiento preparatorio en el presente proceso, tal y como lo dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal.
En el dispositivo de la sentencia el juez rechazó todas las excepciones e incidentes presentados por los abogados de los imputados, por considerarlos improcedentes, malfundados y carentes de base legal.
Asimismo, el tribunal ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y contra quien el ministerio público pidió a la Interpol su captura.
CASO COMPLEJO PLAZO PARA INVESTIGAR
De igual forma, el tribunal otorgó un plazo de ocho meses a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que concluya el procedimiento preparatorio en el presente proceso, tal y como lo dispone el artículo 370 del Código Procesal Penal.
En el dispositivo de la sentencia el juez rechazó todas las excepciones e incidentes presentados por los abogados de los imputados, por considerarlos improcedentes, mal fundados y carentes de base legal.
Asimismo, el tribunal ratificó el desglose del expediente del imputado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y contra quien el ministerio público pidió a la Interpol su captura.
IMPUTADOS APELARÁN LA DECISIÓN
De inmediato, los abogados de Andrés Bautista y Máximo De Oleo anunciaron que recurrirán en apelación la decisión, por no estar de acuerdo con la misma.
Los doctores Carlos Salcedo y Rafael Suárez expresaron que, tan pronto les sean notificadas las sentencias, la estudiarán para interponer el recurso por ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Carlos Salcedo dijo que en contra de su cliente no había ni un solo elemento que justificara su envío a prisión, y que el mismo tiene arraigo para ser dejado en libertad. De su lado, Rafael Suárez, dijo recurrirán en apelación a la decisión por no estar conformes con la misma.
Fuente: Listindiario.com
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