miércoles, 31 de mayo de 2017

Ministerio Público deposita solicitud de medidas de coerción contra imputados sobornos Odebrecht


La PGR indicó que continua adelante con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la  finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas

SANTO DOMINGO, D.N.-  El Ministerio Público depositó en la tarde ayer martes la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de cada uno de los diez imputados que fueron apresados el pasado lunes por su presunta participación en los sobornos pagados por la empresa Odebrecht para obtener contratos de obras del Estado.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que se explicó que la petición individualizada para cada uno de los encartados, fue depositada por ante el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción del caso Odebrecht, quien presidió la audiencia de medidas de coerción celebrada la noche del martes pasado en la Sala Augusta de esa Alta Corte.

Al grupo de imputados integrado por Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, se le atribuye haber incurrido en distintas formas, en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Estas infracciones están consignadas en los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.  

La PGR dijo que durante la audiencia de medidas de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.

Recordó que por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht además están señalados el diputado Alfredo Pacheco, y los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, para quienes la Procuraduría General de la República solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, respectivamente.

El organismo dijo que también está implicado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y cuya orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La PGR indicó que en torno a este caso el Ministerio Publico continua adelante con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la  finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.

La presidencia del tribunal dispuso un receso en la audiencia para continuarla hoy miércoles a las 5 de la tarde, a fin de que los abogados de los imputados, a través de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, puedan tomar conocimiento de los documentos depositados por el Ministerio Público.

Margarita Cedeño sostiene que la sociedad necesita volver a los valores


En la entrega del premio Madres de Valor 2017 enfatizó que las nuevas generaciones deben formarse en base a la honestidad, transparencia, integridad y perseverancia

SANTO DOMINGO.- La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, afirmó que el país necesita retomar los valores como la honestidad y la transparencia, al considerar que la sociedad está corrompida por tentaciones como el dinero, las drogas, la violencia y la vida fácil.


La vicemandataria se expresó así en la entrega del premio Madres de Valor 2017, con el cual la Vicepresidencia reconoce la dedicación y sacrificio de 66 madres de diferentes ámbitos de la sociedad que se destacaron en sus comunidades y han centrado sus vidas en valores.

“Hoy, más que nunca, que la sociedad está corrompida por tantas tentaciones: el dinero, las drogas, la violencia, la vida fácil, es cuando más se necesita del ejemplo de las madres de valor. Madres que enseñen a respetar y a amar a los demás. Madres que nos llenen el alma de alegría, que impregnen a cada hijo e hija de esta patria, de la honestidad y la responsabilidad. Madres dispuestas a construir con nosotros la sociedad en valores que necesita este país”, puntualizó.

La doctora Margarita Cedeño admitió que no es fácil la tarea de mantener a los hijos, trabajar para que ellos tengan una buena educación y enseñarlos a diferenciar entre las cosas buenas y malas de vida.

“Hoy quiero reconocer y premiar la entrega y el sacrificio que conlleva convertir a nuestros hijos en un ejemplo de integridad, honestidad y perseverancia. Yo sé lo difícil que se nos hace criar con valores a nuestros hijos, en una sociedad que está tan carente de ellos, y eso solo se logra con una comunicación constructiva, abierta y cercana, haciendo de la moral y los principios, pilares irrenunciables de su formación”, sostuvo.

Madres de Valor

El acto, efectuado en el Auditorio del Banco Central, forma parte de las actividades realizadas por la Vicepresidencia de la República con motivo del Día de las Madres. Contó con la presencia de invitados especiales de los sectores empresarial, religioso y artístico. 

El premio Madres de Valor 2017 lo recibieron 12 mujeres del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), como un reconocimiento al rol que desempeñan y la dedicación que han puesto en la crianza basada en valores.


La Vicemandataria reconoció a Luz Milagros Melo, por su liderazgo; Francisca de Jesús Mena y Odalia Hernández Jiménez, como educadoras; Beatriz Benito Jeni, en calidad de emprendedora; Paula Núñez, por superar obstáculos; Leyda Feliz Ramírez, voluntaria; Santa Samora, en la versión solidaria; y Domitila García, en extraordinaria.

Además, fueron galardonadas Teresa Flores, por ser madre de fe; Rosa Rojas de la Cruz, en la categoría de juventud; Senona Valdez y Valdez, por trabajar la tierra; e Ysolina Padua, como acogedora de niños huérfanos. Estas mujeres son consideradas en sus comunidades como un ejemplo de integridad, honestidad y perseverancia.

Secretario de Seguridad EEUU viene a fomentar cooperación República Dominicana y Haití


La visita de Kelly se produce en un momento en el que República Dominicana da por superada la crisis que vivió con Haití a raíz de la polémica sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad y que afectó, sobre todo, a los hijos de indocumentados haitianos.


Washington, Estados Unidos (EFE).- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, visitará hoy, miércoles 31 de mayo, a Haití para reunirse con el presidente de ese país, Jovenel Moïse, y “alentar la cooperación” con República Dominicana, informó el Gobierno estadounidense.

El objetivo de la visita será hablar sobre “cooperación internacional y asuntos relativos a la repatriación” de inmigrantes haitianos, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

La visita también tratará de “fomentar la cooperación entre la República Dominicana y la naciente unidad de seguridad fronteriza de Haití”, añade la nota.

La visita de Kelly se produce en un momento en el que República Dominicana da por superada la crisis que vivió con Haití a raíz de la polémica sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad y que afectó, sobre todo, a los hijos de indocumentados haitianos.

En medio de aquel conflicto, el Gobierno dominicano puso en marcha entre 2014 y 2015 el Plan de Regularización de Extranjeros, en el que se inscribieron 249.950 personas, según cifras oficiales.

Precisamente, en la República Dominicana residen decenas de miles de haitianos, la mayoría de ellos en situación irregular, un tema que ha causado diversas crisis entre los dos países, que comparten la isla caribeña La Española.

La situación en Haití, agravada por el devastador terremoto de 2010, provocó una gran migración a Estados Unidos, donde el Gobierno les otorgó la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés).

El propio Kelly anunció el 22 de mayo la extensión por seis meses más del TPS para más de 58.000 haitianos que huyeron de su país tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010 que causó miles de muertes.

Es previsible que el tema del TPS figure en la agenda de Kelly con el Gobierno de Haití, pues el Ejecutivo de EE.UU. hizo una extensión del TPS por tan solo seis meses en vez de los 18 habituales. EFE

Para esta temporada ciclónica prevee 12 tormentas

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SANTO DOMINGO.-La temporada ciclónica inicia mañana y aunque las autoridades han informado que se espera que sea ligeramente menos activa que el 2016, llaman a tener cautela por el nivel de saturación de los suelos.Este año se tiene previsto que se formen 12 tormentas tropicales y que cuatro de ellas tomen la intensidad de huracanes. De los huracanes, dos podrían alcanzar escala mayor con vientos de 177 kilómetros por hora (categoría 3 o 4 en la escala Safiran – Simpson), de acuerdo con las explicaciones ofrecidas por el meteorólogo Martín Mata, de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

“Esta temporada ciclónica se prevé que se formen entre 11 y 12 tormentas tropicales, de ellas cuatro alcanzarán la intensidad de huracán y de esas cuatro, dos de ellas podrían ser de categorías mayores de 3, 4 o 5 en la escala de Safiran – Simpson”, expresó el meteorólogo.

Aunque la temporada ciclónica 2017 inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre, la primera tormenta tropical se adelantó. Esta se formó el 20 de abril de este año en aguas abiertas del océano Atlántico Norte, aunque no afectó a ningún país. Llevó por nombre Alene y se formó de una baja presión, según el meteorólogo Martín Mata.

Volverá el fenómeno El Niño

La directora de la Onamet, Gloria Ceballos, también realizó algunas advertencias ayer para que la población las tome en cuenta durante esta temporada de huracanes. En un comunicado oficial la funcionaria expresó que esta temporada encuentra al país con los embalses de las presas llenos, los ríos caudalosos y los suelos saturados de agua.

Explicó que aunque los vaticinios son que esta será una temporada de baja intensidad, cualquier fenómeno que toque el territorio podría provocar situaciones difíciles. 

Recordó que el país tiene más de seis meses recibiendo lluvias, y no fue hasta el día diez de este mes que las precipitaciones disminuyeron debido a la presencia de un sistema de alta presión sumado a la llegada de las nubes de polvo del Sahara que ha sido arrastrado por los vientos alisios.

Se alertó sobre el retorno al final del presente verano del fenómeno conocido como El Niño, que puede provocar sequía. Llamó a un manejo adecuado de las aguas almacenadas para su aprovechamiento al máximo, debido a que el periodo de lluvia no va a ser tan prolongado.  



Los seis grandes casos de corrupción que han estremecido al país

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El sometimiento de 14 personas ligadas a supuestos actos de corrupción en el caso de la constructora Odebrecht y que ha estremecido la cúpula de los principales partidos políticos del país, trae a la memoria que los escándalos de corrupción han perseguido a los políticos dominicanos de manera casi constante en los últimos 30 años. En siete periodos de gobierno que ha tenido el país entre el 1986 y el 2017, todos han salido salpicados por los escándalos de actos dolosos.

Desde el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el 1986 cuando el fallecido presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, (1982-86) fue condenado a 20 años de prisión pasando por los gobiernos de Joaquín Balaguer (1986-1996), Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina desde el 2012 hasta la fecha, los escándalos de corrupción han perseguido a la clase política. También hubo importantes casos de corrupción en el sector privado, como la quiebra bancaria en el 2003 que terminó en una condena de por lo menos cinco ejecutivos de bancos.

1 El caso de Odebrecht es un escándalo de corrupción internacional que estalló en Brasil y ha tocado unos 12 países de América Latina. En la República Dominicana llegó a su punto máximo el pasado lunes con el arresto de 14 personas entre políticos, empresarios y legisladores, que son acusados por la Procuraduría de distintos delitos relacionados con el caso.

2 El caso contra el fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco fue bautizado como juicio del siglo. Fue condenado en el 1988 a 20 años de prisión y una multa de cien millones de pesos. En el 1989 la sentencia fue anulada, pero la batalla legal continuó y en el 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel, fue arrestado y solo permaneció dos meses en la cárcel. 

La acusación contra el fallecido gobernante fue la de supuestamente haber patrocinado compras irregulares en las Fuerzas Armadas. Por el mismo caso fueron condenados por desfalco y prevaricación Leonel Almonte, Manuel Antonio Cuervo Gómez y Juan Thomás Peña. José Michelén, que fue director de Inespre y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país también por acusaciones de corrupción. 

3 Dos sonados escándalos de corrupción durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer fueron el desfalco en Aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidro-Quebec. En el 1995, fue sometida la directora de Aduanas, Anisia Rissi y otras 21 personas acusadas de desfalco por mil millones de pesos contra el Estado en el periodo 1990-1994. En el 2008 el grupo fue descargado luego de que Aduanas retirara la acusación contra la exfuncionaria.

En el 1991 el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión, rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidro-Quebec, luego de denuncias de sobrevaluación del proyecto superior a los 25 millones de dólares. 

La empresa retiró 20 millones de dólares que el Gobierno había depositado como garantía en un Banco de Nueva York. 

Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia.

4 El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleos (Peme) involucró a cuatro dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron funcionarios en el primer gobierno de esa organización 1996-2000. Fueron acusados supuestamente de estafar al Estado por más de mil millones de pesos. Por el caso fueron acusados Diandino Peña, hasta hace poco director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); Simón Lizardo, actual administrador del Banco de Reservas, Haivanjoe Ng Cortiñas y Luis Inchausti, También fueron acusados en el mismo expediente Noe Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acusados de estafar al Estado.

5 El Plan Renove fue uno de los grandes escándalos de corrupción que involucró un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La acusación fue de estafa contra el Estado. Los involucrados en el caso fueron Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, Antonio Marte, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson), Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón, pero fue el primero en ser descargado.

6 La crisis bancaria y la corrupción privada. El caso de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter fue de corrupción privada, pero generó una crisis económica en el país. La crisis estalló en el 2003 y por el caso fueron condenados Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Alvarez Renta, acusados de desfalco por 55 mil millones de pesos y lavado de activos. La crisis bancaria alcanzó otras entidades financieras como el banco Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito), por el último caso fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y por el segundo Andrés Aybar.

Suicidio de ingeniero y caso CEA

Más recientemente, figura la acusación del Ministerio Público contra el senador de San Juan, Félix Bautista, que lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). También el escándalo en la OISOE por el suicidio de un ingeniero en las instalaciones de esa institución supuestamente agobiado por las deudas. El caso de los Tucanos por el que fueron sometidas cuatro personas y guarda prisión el coronel Carlos Piccini. Otro escándalo reciente es el relacionado con el CEA que una venta irregular de terrenos en San Pedro de Macorís provocó la muerte violenta de tres personas, entre ellos los locutores Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina.

Fuente: elcaribe.com.do

El caso Odebrecht comienza a impactar aspiraciones para los comicios del 2020

Del PLD hay dos dirigentes detenidos que han sido precandidatos presidenciales y dos secretarías en juego; PRM tiene presidencia y vocería en juego





SANTO DOMINGO.- El caso Odebrecht quedará marcado en la historia como el primero en el que se dio un golpe en el centro de las cúpulas de los principales políticos dominicanos de alto nivel.


Este expediente tiene la particularidad de que impacta aspiraciones presidenciales y congresuales hacia la lucha por el poder en la elecciones del 2020.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), las dos organizaciones más afectadas por las 14 órdenes de apresamiento, se espera una temprana guerra de grupos por el control de los dos partidos políticos, y la candidatura presidencial.

De los detenidos, dos han sido precandidatos presidenciales del PLD: Temístocles Montás y Radhamés Segura, mientras que los dos senadores a los que la Procuraduría General les solicitó el levantamiento de la inmunidad, Julio César Valentín, de Santiago, y Tommy Galán, de San Cristóbal, son de los que están en la línea de sucesión para la presidencia del Senado.

El PRM inició ayer sus movimientos ante el golpe a la cabeza con el apresamiento de su presidente, Andrés Bautista. Quien leyó el discurso central de la reunión de la comisión política del pasado lunes fue Hugo Tolentino Dipp, presidente en funciones.

Tolentino es uno de los seis presidentes en funciones de los que la Dirección Ejecutiva tendría que elegir para que sea el presidente en caso de que Bautista se ausenta más de quince días.

Los demás cinco presidentes en funciones son Sonia Guzmán, Geanilda Vásquez, Orlando Jorge Mera, César Cedeño y Roberto Fulcar.

De los que están sometidos del PRM, César Sánchez y Roberto Rodríguez son del grupo del expresidente Hipólito Mejía, mientras que Alfredo Pacheco respalda al pasado candidato presidencial Luis Abinader.

Pacheco, vocero de los diputados del PRM, fue presidente de la Cámara de Diputados y se le ha visto como un posible aspirante a repetir en esa posición.

César Sánchez es miembro en licencia de la Dirección Ejecutiva, debido a que pertenece a la comisión de Punta Catalina. Roberto Rodríguez es miembro de la Comisión Política.

El exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, es un hombre del presidente de ese partido, Miguel Vargas.

En el PLD son señalados como hombres del presidente Danilo Medina por el propio secretario general, Reinado Pared, los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como Temístocles Montás.

Le corresponderá al Comité Político tomar las decisiones con respecto a los cargos de secretario de finanzas, de Víctor Díaz Rúa; de Relaciones Internacionales, de Temístocles Montás; de presidente provincial del PLD en Santiago, que ostenta Valentín, y de presidente provincial del PLD en San Cristóbal, de Tommy Galán.

Los reformistas salen ilesos
El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que ha sido la tercera mayoría en el Congreso, se ha salido “debajo de la patana” en esta ocasión, aunque algunos de sus dirigentes son vinculados al empresario detenido Ángel Rondón. Es notorio que los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía no se han referido a los apresamientos por el caso Odebrecht, a pesar de que hay exfuncionarios de sus gobiernos en el expediente. El PRM divulgó la carta de uno de los imputados, 

Bernardo Castellanos, quien expresó: “Acudiré de inmediato al requerimiento del Ministerio Público, con la frente en alto y con la esperanza de no recibir un trato humillante, ni atropellante, ni vejatorio como el que he visto reseñado en los medios de comunicación”.

Fuente: Diariolibre.com

Delitos caso Odebrecht conllevan penas de dos meses hasta 10 años de cárcel


Delitos caso Odebrecht conllevan penas de dos meses hasta 10 años de cárcel
SANTO DOMINGO.- Los delitos que habrían cometido los funcionarios, exfuncionarios, legisladores y empresarios apresados el lunes por su supuesta implicación en los sobornos que pagó la empresa Odebrecht en República Dominicana conllevan penas que van desde dos meses hasta 10 años de prisión. según resalta este martes la prensa matutina.


Entre las infracciones figuran proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bienes, indicó el periódico Listín Diario.

La Constitución establece que a las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.

Soborno en el Comercio y la Inversión

Artículo 2: Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos”.

Artículo 3: Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional”.

Ley sobre lavado de activos

Art. 3.- A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave:

a) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes;

b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes;

c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones.”

“Art. 4.- El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta sección, así como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en esta ley, podría inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Párrafo.- Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violación de esta ley, siempre que no puedan justificar el origen lícito de los mismos, serán sancionadas con las penas establecidas en la misma”.

Art. 8.- Será igualmente sancionada con la pena contemplada en el capítulo de las sanciones (artículos 25, 26 y 27 de la presente ley):

a) La persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero o títulos valores al portador o que envíe los mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10,000.00) u otra moneda extranjera, o su equivalente en moneda nacional no lo declare o declare falsamente su cantidad en los formularios preparados al efecto;

b) El que de manera directa o por interpósita persona obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial derivado de las actividades delictivas establecidas en la presente ley.”

Las penas que corresponderían en caso de las violaciones previstas en el artículo 8 son las siguientes:

“Art. 25.- La persona que incurra en la infracción prevista en el artículo 8, letra a) de esta ley será condenada a una pena no menor de seis (6) meses ni mayor de dos (2) años de prisión, y a una multa no menor de diez (10) salarios mínimos ni mayor de veinte (20) salarios mínimos, así como a la confiscación de la suma incautada.

Art. 26.- La persona que incurra en la infracción prevista en el artículo 8, letra b) de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años ni mayor de diez (10) años y a una multa equivalente al incremento patrimonial.

Art. 27.- Cuando al momento de la comisión, la persona encontrada culpable de la infracción prevista en la letra b) del artículo 8 de esta ley fuera funcionario o empleado público del orden administrativo, legislativo o judicial, la pena de reclusión aplicable en ningún caso será inferior a la mitad del máximo de la pena imponible, sin perjuicio de la multa”.

Ley 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio:

Artículo 2.- Obligación de declarar. Los funcionarios indicados en el Artículo 3 de esta Ley estarán obligados antes de la toma de posesión a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado por Notario Público, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio y el de su cónyuge, sin el cual no se hará efectivo su designación o elección. Igualmente, deberán cumplir a los dos años de su desempeño y en un plazo no mayor de quince (15) días después de haber cesado sus funciones.

Artículo 3. Funcionarios Públicos obligados a declarar. Quedan obligados a la exigencia de la presente Ley:

1. El Presidente y Vice- Presidente de la República; 2. Los Senadores y Diputados; así como los Secretarios Administrativos del Senado de la República y la Cámara de Diputados;

3. Los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y los demás jueces del orden judicial;

4. El Procurador General de la República, y sus Adjuntos, y los demás miembros del Ministerio Público.

5. Los Ministros y Vice-ministros;

6. El Gobernador y Vice- Gobernador del Banco Central;

7. El Presidente y los demás miembros de la Cámara de Cuentas; 8. El Presidente y los demás miembros de la Junta Central Electoral;

9. El Contralor General de la República; 10. Los Administradores y Gerentes de Bancos Estatales; 11. Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y Tesoreros Municipales;

12. El Secretario General y los Subsecretarios de la Liga Municipal Dominicana;

13. Los Embajadores, Cónsules Generales de la República Dominicana acreditados en otros países, y representantes ante organismos internacionales. 14. Los Administradores y sub-Administradores Generales;

Artículo 7. Órganos responsables.

1. La Cámara de Cuentas será la competente para decidir las cuestiones administrativas y de cumplimiento de la presente ley. Para estos fines se crea la Unidad Especializada de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como entidad adscrita a la Cámara de Cuentas, la cual se encargará de manera permanente de la verificación de la veracidad de los inventarios y de monitorear los movimientos y modificaciones de los bienes públicos, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades tributarias correspondientes. La organización y funcionamiento de esta unidad serán reglamentados por el Pleno de la Cámara de Cuentas.

2. Es responsabilidad de la Declaración Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), dirigir la investigación penal respecto de las irregularidades detectadas y denunciadas por la Cámara de Cuentas respecto al patrimonio de los funcionarios públicos y en caso de que proceda presentar los requerimientos y acusaciones correspondientes ante el tribunal competente.

3. Indagar aquellas declaraciones juradas que correspondan a funcionarios objeto de investigación por hechos de corrupción pública, o haya sido denunciado por un tercero.

La sanción que corresponde a este delito, está contemplada más adelante en el artículo 8,  el cual establece lo siguiente:

“Artículo 8. Sanciones. Cualquier funcionario público, obligado o no por la presente ley, que durante el desempeño de su cargo o dentro de los dos años siguientes a su cesación, y como consecuencia de sus funciones incremente su patrimonio en forma evidente y excesiva con respecto de sus ingresos legítimos y posibilidades económicas, por sí o por interpuesta persona, constituye un elemento prima facie de la infracción especial de enriquecimiento ilícito. Dicha infracción quedará configurada luego de establecerse la procedencia ilícita del incremento patrimonial. Los bienes cuyo origen no puedan ser probados por el declarante se reputarán como producto de enriquecimiento ilícito y se solicitará su confiscación al tribunal competente en los términos establecidos por el numeral 5 del artículo 52 de la Constitución de la República.

Párrafo I: Los funcionarios públicos que resulten responsables de dicha infracción, serán sancionados con la pena de cinco (5) a diez (10) años de reclusión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de dos (2) a diez (10) años, según la gravedad y naturaleza del caso. Ésta última se impondrá como pena accesoria cuyo cumplimiento iniciará a partir del término de la sanción privativa de libertad impuesta. Las personas interpuestas que resulten culpables de las infracciones atribuidas a los funcionarios, serán sancionadas como cómplices de las infracciones que resulten culpables.

Código Penal

Coalición de funcionarios.

Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.

Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de que trata el artículo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, se impondrá a los culpables la pena de destierro. Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores o provocadores, serán castigados con la reclusión, y los demás culpables lo serán con la pena de destierro. Art. 125.- Si del concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, la pena de veinte años de trabajos públicos se impondrá a los culpables.

Prevaricación

Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación.  Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación, en todos los casos en que la ley no pronuncie penas más graves.

Art. 169.- Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyo deber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberán hacer los depósitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro del plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos. Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para conservar, guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitirán el producto de tales ventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y de los cuales son responsables, dentro del período y en la forma y manera establecida por el Poder Ejecutivo.  De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o por mandato de autoridad competente, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros y otros valores, rendirán informe y cuenta de ellos dentro del período y del modo señalado por las leyes y reglamentos.

Art. 170.- La falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder, será considerada como desfalco.

Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, terreno, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco.

Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidad con lo dispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el daño causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será la de no menos de un año prisión correccional y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años. En caso de insolvencia, se aplicará al condenado sobre la pena enunciada, un día más de reclusión o de prisión por cada cinco pesos de multa, sin que en ningún caso esta pena adicional pueda ser mayor de diez años.

 Asociación de malhechores.
Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.

Art. 266.- Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.

PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena, si, antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación.

Fuente: LISTIN DIARIO

Juez continua con audiencia hoy con los acusados por sobornos Odebrecht

Juez dominicano aplaza audiencia contra los acusados por sobornos Odebrecht

Santo Domingo. (EFE).- El juez dominicano Francisco Ortega, tras una audiencia de cinco horas, decidió aplazar para este miércoles el conocimiento de las medidas de coerción contra un grupo de funcionarios, políticos y empresarios implicados en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tomó la decisión para que los abogados de los involucrados puedan acceder a las copias del expediente acusatorio formulado por el Ministerio Público.

Ortega, además, mantuvo la decisión de mantener en prisión a los inculpados, rechazando los argumentos de la defensa.

Otra decisión que tomó el juez de la SCJ, fue la de rechazar la nulidad del proceso como solicitaron algunos abogados, bajo el alegato de que uno de los acusados estaba fuera del país, además de que no había sido citado.

Ortega escuchó los alegatos del Ministerio Público, que en una primera intervención solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el grupo, entre quienes se encuentran el ministro de Industria y comercio, Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista.

El reclamo de la mayoría de los abogados defensores, fue el de que ni ellos ni sus clientes conocían el expediente formulado por la Procuraduría General de la República, cuyo responsable, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.

A la audiencia también se presentaron los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del PRM, Alfredo Pacheco, quienes se incluyen en el grupo de acusados por supuesta corrupción, pero quienes gozan de jurisdicción privilegiada por sus condiciones de legisladores, por lo cual no pueden ser apresados, a menos que sus respectivas cámaras les retiren ese privilegio.

Al grupo se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Entre los apresados figuran también, el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana; los exvicepresidentes ejecutivos de la estatal Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Roberto Rodríguez y Máximo De Óleo Ramírez, exfuncionario de la CDEEE.

Además, el exdiputado Rudy González; el abogado Conrado Pittaluga, y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, quien está fuera del país y hoy informó que regresará para enfrentar las acusaciones.

Las acusaciones han estremecido a la clase política dominicana, pues entre los involucrados figuran altos dirigentes de los dos principales formaciones políticos del país, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el PRM.

Fuente: EFE


martes, 30 de mayo de 2017

Diputados aprueban Código Civil elimina matrimonio entre menores; con 43 modificaciones


Diputados aprueban Código Civil elimina matrimonio entre menores; con 43 modificacionesSANTO DOMINGO.-La Cámara de Diputados aprobó hoy en segunda lectura el proyecto de modificación del Código Civil de la República Dominicana en el que elimina la posibilidad del matrimonio entre menores de edad.


Los diputados acogieron un informe que le rindió la comisión de justicia que preside Henry Merán, quien explicó que tuvieron que hacerle 43 modificaciones al informe original que habían presentado.

Este proyecto  vuelve al Senado, que aunque lo había aprobado, tendrá que conocerlo de nuevo por las modificaciones hechas por los diputados.

En sentido general el proyecto tiene unos 17 años en el Congreso, y según confía Meran esta vez “el pueblo dominicano tendrá el Código Civil que merece”.

Fuente: Listindiario

Rechazan habeas corpus interpuesto por Temístocles Montás contra juez SCJ


Rechazan habeas corpus interpuesto por Temístocles Montás contra juez SCJSANTO DOMINGO.- La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó un recurso de habeas corpus en contra del juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco,  interpuesto por los abogados de Juan Temístocles Montás, preso por el caso de sobornos pagados por la empresa Odebrecht, sobre la base de que se encuentra detenido de manera ilegal.
La sentencia indica que conforme a la solicitud, recibida por los abogados Manuel Alejandro Rodríguez y José de Jesús Bergés Martin, en representación de Montás, se declara improcedente la acción de hábeas corpus.
El recurso fue interpuesto este lunes, día del arresto de Temístocles Montas, como parte de los implicados por la Procuraduría General de la República en el caso del pago de sobornos de la empresa Odebrecht.
Fuente: Almomento.net